Las compras directas o los procesos de emergencia en las adquisiciones y contrataciones públicas son un fenómeno recurrente a lo largo del tiempo. De forma continua, se nos presentan casos en los que el tiempo no resulta suficiente para llevar a cabo un proceso competitivo completo y, como consecuencia, se recurre a estas modalidades excepcionales. La explicación suele ser la misma: ya no existe margen para una licitación abierta y, por tanto, no queda más alternativa que acudir a un mecanismo de emergencia. 

Sin embargo, esta justificación, repetida casi de manera automática, merece un análisis más riguroso. En muchos casos, la urgencia no responde a un evento imprevisible o extraordinario, sino a una deficiente planificación institucional, a retrasos administrativos acumulados o a la ausencia de decisiones oportunas. La emergencia, entonces, no es tal, sino el resultado de fallas previsibles que terminan trasladando el costo —económico y de confianza— al Estado y a la ciudadanía.