Honduras ha arrastrado históricamente un rasgo estructural que condiciona profundamente su desarrollo: la centralización de su aparato estatal. Una proporción significativa de los trámites, servicios y gestiones públicas solo puede realizarse en la capital —o, en el mejor de los casos, en unos pocos centros urbanos principales—. Esta realidad, combinada con una geografía compleja y una infraestructura vial deficiente, convierte el acceso al Estado en un proceso costoso, lento y, para muchos ciudadanos, desproporcionadamente difícil.
No se trata únicamente de incomodidad. Para miles de personas y empresas fuera de los principales núcleos urbanos, cumplir con obligaciones o acceder a servicios públicos implica invertir horas —a veces días— en traslados, asumir costos de transporte, alojamiento y alimentación, y sacrificar tiempo productivo. En otras palabras, el simple acto de interactuar con el Estado se convierte en una carga adicional que penaliza, de forma sistemática, a quienes están fuera del centro.
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