Convertir todo Honduras en una plataforma exportadora

Honduras ha apostado durante décadas por distintos regímenes especiales para promover las exportaciones y la inversión orientada a mercados internacionales. Las maquilas, las zonas libres y los regímenes de importación temporal han sido herramientas importantes para atraer empresas manufactureras y generar empleo. Sin embargo, el crecimiento del comercio global y la evolución de las cadenas de valor plantean una pregunta cada vez más relevante: ¿por qué la posibilidad de exportar competitivamente debe depender de pertenecer a un régimen especial? Tal vez ha llegado el momento de explorar una alternativa más simple y universal: que todo el país funcione, en la práctica, como una plataforma exportadora. 

La lógica económica detrás de esta idea no es nueva. En la mayoría de los sistemas tributarios modernos existe el llamado principio de destino, según el cual los impuestos al consumo —como el impuesto sobre ventas o el IVA— deben aplicarse en el país donde el bien se consume, no en el país donde se produce. Por esa razón, en gran parte del mundo las exportaciones se consideran operaciones a tasa cero para efectos del IVA o su equivalente. Esto significa que el exportador no cobra impuesto en la venta al exterior, pero sí puede recuperar el impuesto que pagó en sus insumos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha señalado que este mecanismo evita que los productos exportados lleven incorporados impuestos del país de origen, lo que de otro modo afectaría su competitividad en los mercados internacionales. 

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De la reducción coyuntural a la institucionalización del orden: los siguientes pasos en seguridad pública

Honduras ha recorrido un camino importante en la última década. La tasa de homicidios, que superó los 80 por cada 100,000 habitantes hace poco más de diez años, hoy se sitúa por debajo de 25. Esta reducción a casi un tercio de su punto más alto no es menor y refleja esfuerzos significativos del Estado. Sin embargo, 25 sigue siendo un número anormalmente alto para una sociedad que aspira a prosperidad, crecimiento económico sostenido y paz duradera. Si el objetivo es construir un entorno de estabilidad comparable con países que han logrado consolidar su seguridad, debemos asumir que la tarea no ha terminado: debemos reducir esa cifra a una fracción de su valor actual.

Precisamente por ello, el statu quo no es suficiente. Haber reducido la violencia representa un avance significativo, pero no puede ser el punto final. Una tasa de 25 homicidios por cada 100,000 habitantes todavía limita nuestro potencial como país y mantiene un nivel de riesgo que afecta la inversión, la cohesión social y la confianza ciudadana. La siguiente etapa debe orientarse a consolidar lo alcanzado y profundizar la reducción mediante herramientas cada vez más institucionales, técnicas y sostenibles.

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Utilizando estadística para lograr eficiencia en el trabajo de seguridad ciudadana

La seguridad pública, al igual que otras actividades del Estado, puede desarrollarse de manera más eficiente cuando se apoya en la estadística y en métodos científicos de análisis. La toma de decisiones basada en datos permite optimizar recursos, priorizar intervenciones y evaluar resultados con mayor objetividad. 

Afortunadamente, los mecanismos de medición han mejorado con el paso del tiempo. Hoy contamos con herramientas que permiten una visualización más clara de los problemas de seguridad desde una perspectiva ciudadana, facilitando el análisis comparativo entre territorios y la identificación de tendencias. Es importante reconocer que las autoridades suelen disponer de información más detallada y desagregada, lo cual les permite alcanzar niveles aún mayores de precisión en sus diagnósticos y en la formulación de estrategias. 

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2028: una decisión estratégica para el futuro de las telecomunicaciones en Honduras

En el año 2028 vence la concesión del primer operador de telefonía móvil del país. Puede parecer un evento administrativo más dentro del calendario regulatorio, pero en realidad se trata de una decisión estratégica que puede influir en el desarrollo del sector telecomunicaciones durante la próxima década. Las concesiones de espectro radioeléctrico no son simples permisos comerciales: representan la autorización para utilizar un recurso público escaso, cuyo aprovechamiento impacta directamente en la economía, la conectividad y la competitividad nacional. 

El espectro radioeléctrico pertenece al Estado. Las empresas privadas lo utilizan bajo concesión para prestar servicios de telefonía móvil y transmisión de datos. Estas concesiones tienen un plazo determinado y, al acercarse su vencimiento, el Estado debe decidir si las renueva, si las somete a un nuevo proceso de licitación o si rediseña sus condiciones. Cada una de estas opciones tiene implicaciones económicas, regulatorias y tecnológicas. 

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