El tiempo es dinero y es tarea de autoridades responsables tratar de minimizarle las pérdidas de tiempo a las personas. Este tiempo puede ser utilizado para el esparcimiento, el descanso o la actividad productiva; pero esta es una decisión que corresponde únicamente a las personas. El Estado no debe, ni por designio ni por ineficiencia, apropiarse de este tiempo sin el consentimiento de los ciudadanos. 

Debemos analizar todas las áreas de interacción entre el ciudadano y la autoridad, así como aquellas que son gestionadas directamente por el Estado, y compararlas con la forma en que estas transiciones ocurren en contextos normales entre particulares o con empresas privadas. Tomemos como ejemplo nuestras carreteras, donde se presentan dos tipos de atrasos perfectamente prevenibles: los pagos de peaje y los retenes policiales. Ambos casos ilustran cómo la gestión pública puede generar pérdidas de tiempo evitables, en contraste con los estándares de eficiencia que se observan en el sector privado.