Estamos en un periodo de reflexión en el Partido Liberal de Honduras. Una derrota electoral ha puesto de manifiesto ante la opinión publica nacional lo que quienes militamos activamente sabíamos con anticipación: El Partido ha estado viviendo del pasado, con un grado de tolerancia moral excesivo, y con insuficiente enfoque y capacidad de respuesta ante los problemas nacionales.
Es posible puntualizar los muchos defectos de los demás partidos, incluyendo el que esta en el poder y decir que están en peores condiciones que el nuestro. Estos defectos ajenos, aunque útiles al hacer una comparación, no justifican nuestros propios desaciertos.
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La compra de los 410 MW de electricidad es un hecho. Independientemente del trasfondo legal u otros colaterales del proceso, este ya ha sido concluido. En efecto, se ha logrado una reducción considerable en el costo de nuestra energía eléctrica con respecto de lo que pagábamos en el pasado, y esperamos que este beneficio sea transferido al consumidor. Sin embargo, el momento no es para buscar responsable por lo que no estuvo bien, ni de congratularnos por lo positivo, sino de comprometernos a fijar la columna vertebral de una política energética nacional permanente.
Esta puede ser muy sencilla en su concepto: Como es más beneficiosa para Honduras la energía hidroeléctrica que la térmica, debemos aprovechar el espacio de tiempo brindado por la compra de los 410 MW para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, bajo el esquema de concesionamiento más conveniente. Y la meta debe de ser de no volver a incrementar el parque térmico.
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El arma principal de la sociedad contra la violencia es la Ley. No únicamente como determinante de las relaciones de respeto que la ciudadanía debe tener entre sí, además como un sistema que inspire temor a quienes pretendan transgredirla. Para que este respeto sea efectivo, es necesario que sistema lo inspire en todos sus componentes, ya que las deficiencias estructurales en alguno de ellos limita la eficiencia del conjunto.
La principal debilidad del enfoque tradicional en política de seguridad publica ha sido la concentración en algunos aspectos, generalmente los más visibles, o los que la opinión publica demanda a corto plazo. Son tradicionales el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas en apoyo a los órganos de seguridad publica, y los anuncios de desarmes generales. Estas medidas pueden ser disuasorias (a un costo altísimo y con un efecto transitorio) sin atacar la naturaleza del problema. Aun medidas más sustanciales como el incremento de efectivos policiales y creación de unidades especializadas solo tienen un efecto limitado.
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