Hemos probado en múltiples y repetidas formas el financiamiento de parte del estado para actividades privadas de forma directa o indirecta. Esto ha incluido tanto una banca estatal que presta directamente (BANADESA), como formas de avales o riesgos asumidos por el estado (CONADI) u otras formas híbridas. Lo que todas estas soluciones han tenido en común es resultar en pérdidas grandes de recursos públicos y distorsiones en las operaciones.

Esto debe ser evidente a estas alturas. Cualquier empréstito avalado u otorgado por el estado tiene, por su origen, un alto grado de riesgo de pérdida. El funcionario no tiene un interés financiero directo en el buen desempeño de los créditos (largo plazo), pero sí un beneficio visible propio de otorgar el financiamiento o crear el programa (corto plazo). Por tanto, los incentivos son de desembolsar la mayor cantidad de recursos posibles minimizando la importancia del riesgo futuro.

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