Es comúnmente aceptado que conviene a un usuario permanente de oficinas hacerse de sus propios inmuebles. En el caso de el Estado, se vuelve más importante por la necesidad de concentrar en menos ubicaciones sus diferentes actividades, y por el enorme desperdicio presupuestario producto de ineficiencias y duplicidades en la prestación de los servicios inmobiliarios y conexos a las instituciones.

Al haber necesidad permanente, presupuesto de operación, y capacidad de estructurar un financiamiento propio, el sector público no necesita privatizar esta actividad (con alquileres a particulares). Si vemos ejemplos de paises más estructurados, Estados Unidos, a través de la Administración de Servicios Generales (GSA) del gobierno federal, desarrolla y opera los espacios requeridos para la operación de la administración pública, cobrando los mismos (alquileres y servicios de condominio y soporte), por vía de partidas presupuestarias. Esto les quita a las instituciones el enorme trabajo de andar buscando y manteniendo oficinas, reduciendo las oportunidades para negocios opacos de particulares con funcionarios y rebajando costos por economía de escala y servicios compartidos; y hace al Estado de sus bienes. Las construcciones en sí y operaciones de condominio si se contratan a empresas privadas. 

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