¿Protección o libre comercio?
Jose S. Azcona Bocock
Aunque se han suscrito una serie de tratados de libre comercio, el estado conserva potestades para fijar protección arancelaria (explicita u oculta). Aparte del cobro del 15% por internación, existen diferentes aranceles y salvaguardas (en la práctica funcionan similarmente). La política de fijación de aranceles cumple dos fines: lograr ingresos para el estado y promover la producción nacional.
La mayor parte de la recaudación ha pasado a ser tributaria, por lo que el arancel aduanero se ha ido volviendo gradualmente menos importante como herramienta de recaudación. Se ha vuelto aceptada a nivel general la teoría de que se debe pagar lo menos posible por las materias primas o insumos de producción, transfiriendo la carga a los artículos que no requieren transformación adicional. Esto tiene lógica, ya que el insumo generará valor agregado que se queda en el país.
Por tanto, la implementación de una política arancelaria debe estar dirigida a promover la producción nacional, pero hay otros elementos. Si es muy fuerte afecta al consumidor, que es quien finalmente paga el arancel y da lucro excesivo al beneficiario (ya que sus precios tenderán a converger al del extranjero con su arancel). Adicionalmente hay complejidades en la asignación de valor agregado nacional en la transformación, definición de uso posterior, importaciones controladas y otras.
Si se combina esta complejidad con el proceso discrecional, vemos que entre más transparente y abierto sea el acceso a toda la información, menos posibilidades habrá de causar daño. La falta de aranceles puede destruir la capacidad de producción local, y su exceso (con otros elementos de arbitrio) puede enriquecer a personas a expensas de la economía general.
Un principio es el de la proporción de valor agregado. Con el avance de la globalización, cada vez las cadenas de producción tienen más complejidad, por lo que, entre la materia prima y el final, hay diferentes pasos de transformación. Entre más componente nacional haya (valor agregado o proporción local) mayor será el interés del estado de salvaguardarlo. Los montos porcentuales de una salvaguarda no deben exceder el porcentaje del valor agregado local multiplicado por la salvaguarda pretendida, ya que cualquier excedente irá directo al bolsillo del beneficiario.
Otra forma de protección es constituir monopolios (u oligopolios, el efecto es similar si es un actor o varios) dirigidos bajo los productores, de productos para los cuales hay una balanza favorable o desfavorable. Para esto se crean restricciones a la importación o transformación con la idea de garantizar un mercado al producto local (esto se da en el sector agrícola primariamente). El fin tiene justificación, pero es conveniente que haya un análisis público de los costos y beneficios y una forma abierta y transparente de implementación. Muchas veces el negocio del “productor local” no es la producción, sino su exclusividad de importación.
El tamaño de la economía (y el del mercado del producto relativo a esta) hace una gran diferencia en el impacto beneficioso o perjudicial. Esto incluye tanto la cantidad de habitantes como su capacidad productiva y de consumo. Entre mayor es el volumen, el premio del proteccionismo a la economía crece porque el mercado interno es más importante con respecto al externo. Las economías pequeñas que tienen poca capacidad de absorber productos no servirán de base como mercado protegido para el desarrollo de un rubro. Igualmente, los productos con mercado reducido (de lujo o muy especializados) son más difíciles de proteger de forma efectiva. En esos casos el estado puede cobrar altos aranceles por interés de lucro, pero serán inefectivos para desarrollar una capacidad propia.
La política proteccionista tiene vicios de implementación, ya que es una intervención arbitraria que puede tener grandes beneficios para actores puntuales. Esto, combinado con el ser una economía relativamente pequeña, hace que sea necesario aplicar estas políticas con mucha precaución. La mejor forma de asegurarlo es que haya conocimiento y discusión pública de las mismas de forma permanente.