Un problema importante en el proceso de compras del estado es la multiplicidad de procesos paralelos. Como los procesos legales existentes son complejos y arcaicos, la necesidad de agilidad en casos urgentes de interés público o de la autoridad crea una tentación para obviarlos. Es más sencillo, y aparentemente demuestra más compromiso, crear un proceso paralelo que corregir el general. A corto plazo se logra el cometido, pero luego comienzan a cobrarse los costos ocultos. La multiplicidad de sistemas hace difícil el control y el invertir para volverlos más eficientes. Al haber una cultura de opacidad y niveles de control automáticos débiles, aumentan las posibilidades de despilfarro y corrupción.

Por tanto, es en interés de la sociedad que los procesos de adquisiciones se vayan volviendo más uniformes y bajo una misma normativa legal. El uso de una plataforma única, total o parcialmente, puede ayudar a lograr este objetivo. El otro componente es definir cuáles en realidad son áreas especiales que requieren estar fuera del sistema y llevarlas al mínimo. Habría una inercia fuerte para proteger estas formas paralelas, pero no creemos que tienen más argumento a su favor más allá de la costumbre, la conveniencia, o un interés ajeno al estado.

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