Adquisiciones del estado: unificar modalidades

Jose S. Azcona Bocock

Un problema importante en el proceso de compras del estado es la multiplicidad de procesos paralelos. Como los procesos legales existentes son complejos y arcaicos, la necesidad de agilidad en casos urgentes de interés público o de la autoridad crea una tentación para obviarlos. Es más sencillo, y aparentemente demuestra más compromiso, crear un proceso paralelo que corregir el general. A corto plazo se logra el cometido, pero luego comienzan a cobrarse los costos ocultos. La multiplicidad de sistemas hace difícil el control y el invertir para volverlos más eficientes. Al haber una cultura de opacidad y niveles de control automáticos débiles, aumentan las posibilidades de despilfarro y corrupción.

Por tanto, es en interés de la sociedad que los procesos de adquisiciones se vayan volviendo más uniformes y bajo una misma normativa legal. El uso de una plataforma única, total o parcialmente, puede ayudar a lograr este objetivo. El otro componente es definir cuáles en realidad son áreas especiales que requieren estar fuera del sistema y llevarlas al mínimo.  Habría una inercia fuerte para proteger estas formas paralelas, pero no creemos que tienen más argumento a su favor más allá de la costumbre, la conveniencia, o un interés ajeno al estado.

Un argumento de resistencia es la necesidad de rapidez. Esto debe de ser corregido por vía de legislación y tecnología. Como explicamos en el articulo anterior, las plataformas tecnológicas logran quitar buena cantidad de los trámites burocráticos en estos procesos, haciendo más fácil llevar y auditar el registro de transacciones. Esto aplica a las declaraciones de emergencia, que no deben de resultar en procesos de contratación abreviada, sino únicamente aumento o flexibilidad en disponibilidad presupuestaria. En casos más extremos de calamidad implicaría poner a disposición recursos reembolsables que se liquidan usando el sistema. En cualquier situación debe quedar todo el rastro documental disponible de forma pública para su análisis posterior.

Otro argumento es el de secreto de estado, o confidencialidad. Este tiene una aplicación en labores operativas (las cuales no se tienen que presupuestar específicamente) y en algunos detalles técnicos de las capacidades del equipo. Sin embargo, el equipamiento puede adquirirse con procesos abiertos, y las necesidades de defensa y seguridad pública son servidas mejor con procesos estandarizados públicos competitivos de adquisición. Para poner un ejemplo, la totalidad de los presupuestos de las fuerzas policiales de Estados Unidos y las adquisiciones del presupuesto de Defensa son presupuestarias públicas (desglosadas por cada equipo o insumo adquirido).

Un argumento adicional, y relacionado, es el de feudos gremiales o de áreas. La adquisición de medicinas e insumos médicos es sujeta a una creencia de que tiene que ser un proceso tan complejo que debe ser manejado o conocido únicamente por personas vinculadas al ramo de salud público y de una forma reservada. Sin embargo, la compra de medicinas e insumos médicos puede manejarse a través de plataformas generales. El Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) de Gran Bretaña es un ejemplo muy ilustrativo, ya que al ser un sistema unificado (cubre lo que aquí cubriría el IHSS, salud pública y la mayoría de el sector privado) tiene una inmensa complejidad. Comisiones regionales manejan las compras en una plataforma única de licitaciones y adjudicaciones, completamente auditable.

El ultimo desafío, y con una importancia magnificada por el efecto del ejemplo, es el de la autoridad delegada en cabezas de instituciones para disponer de sus recursos fuera de un sistema. Las presidencias de los poderes del estado, y algunas otras personas a cargo de instituciones, tienen discrecionalidad presupuestaria al tener asignaciones generales. Para efecto de adquisiciones, es importante el que tengan que utilizar un sistema unificado, independientemente de que tengan la autoridad de mover sus renglones presupuestarios. La capacidad de resolver problemas de forma ágil se puede atender así, sin necesidad del manejo opaco de recursos. El orden que daría hacer esta conversión tendría un efecto multiplicador por su ejemplo en todas las instituciones estatales.

Al estudiar todos estos casos, vemos que hay escasa necesidad de tener procesos paralelos o de emergencia para adquisiciones o contrataciones. En las capacidades de reasignación presupuestaria o de operación en algunos casos especiales, se logra el efecto de tener las capacidades requeridas sin comprometer el bien público. Este interés, en todos los casos, es servido al hacerse cada erogación con eficiencia y transparencia.