Reducción de flotas vehiculares
Jose S. Azcona Bocock
Una enorme fuente de erogación en el sector público es en vehículos, su mantenimiento, choferes y otros gastos colaterales. Si observamos la conducta de la mayoría de las empresas privadas, vemos que estas tienen flotas mucho menores; la mayor proporción posible de los empleados utiliza su propio vehículo y lo opera personalmente. Ud. vaya a cualquier institución financiera, operación industrial o de servicios privada y no verá una flota de vehículos de la institución (o un ejército de choferes para los mismos). Reciba una visita o asista a una reunión con empleados de cualquier institución privada, al nivel que sea, y se llevará la misma impresión. Por tanto, es recomendable, basado en esa experiencia, pasar a uso de vehículos personales cuando sea posible.
El vehículo es un activo fijo de alta depreciación y costo considerable. Como el estado necesita comprarlos nuevos, es necesario que los mismos se desgasten completamente para proceder a la compra de uno nuevo. Esperar resulta en un incremento considerable en los costos de mantenimiento del mismo o pérdida de capacidad de uso.
El mantenimiento de estos automotores y demás logística colateral es otra fuente de ineficiencia, ya que no hay quien tenga un interés personal directo en reducir los costos a largo plazo. Adicionalmente, el uso y cuidado cotidiano vienen acompañados de un descuido mayor que cuando se consideran propios, reduciendo la longevidad de la flota.
Existe el problema adicional de requerir a una persona extra para operar los mismos. Un auto del estado requiere de un chofer, ya que por condiciones de responsabilidad legal se desliga la operación del vehículo de la asignación de uso del mismo. Si agregamos el efecto de la tentación de utilizar esta capacidad para fines personales y la costumbre derivada de la misma, vemos que el efecto es mucho mayor. Simplemente, el transporte de las residencias al centro de trabajo de quienes tienen vehículo asignado resulta en una enorme erogación de recursos.
El costo mensual de un auto promedio de una institución pública lo podemos calcular aproximadamente dividiendo el costo del vehículo (de L. 700,000 para el ejemplo) en 96 meses, con sus intereses al 12%, sale una cuota de L. 11,340. Si le sumamos los costos de mantenimiento y seguro de L. 7,000 y el chofer de L. 10,000 más beneficios de un 43%, nos da un costo mínimo de L. 32,640 por cada vehículo intermedio del estado. Esto excluye el combustible en operarlo, el cual es variable, y todos los costos indirectos de manejar la flota.
Las empresas privadas pagan por kilometraje, un piso más kilometraje, o un fijo de uso. Las personas responden por su propio mantenimiento y seguro. Al no haber requerimientos de edad, el efecto de la depreciación se reduce sustancialmente. Generalmente las empresas logran este servicio a una pequeña proporción de este monto y los empleados emplean productivamente su auto, mejorando sus ingresos.
Adicionalmente vemos la ineficiencia de que se lleve correspondencia o se haga cualquier movilización, por corta que sea, en automóvil. Se puede promover el uso de la moto de los conserjes para hacer distintos movimientos de correspondencia a un costo reducido, y el bono de transporte puede ser destinado a distintas formas de transporte público de parte de quien lo recibe (especialmente para viajes interurbanos). Adicionalmente, el pago de transporte en contrato puede servir como respaldo para financiar la adquisición de un vehículo propio para quien carece de uno.
Estos beneficios no incluyen el reducir la enorme carga e ineficiencia en la logística necesaria para operar una flota pública inmensa. La reducción de gastos de administración, mantenimiento, personal de soporte y de las posibilidades de desperdicio o dolo en la adquisición y operación de vehículos es sustancial. Siempre existirá la necesidad de una flota vehicular propia y sus operadores, pero se reduciría a lo necesario.
Excluyendo los vehículos de servicio, recomendamos estudiar y discutir cómo implementar, en lo factible y de forma ordenada, mecanismos de uso de vehículo propio en todos los niveles del servicio público.