Muchas veces hemos visto como personas se aprovechan de posiciones de servicio publico para alcanzar un beneficio personal. Algunas veces este beneficio es obviamente ilegal, en los casos que incluye soborno, malversación de caudales con lucro, y otras similares. En otros casos, sin embargo, es posible que dicho beneficio sea de carácter incorrecto sin llegar a ser punible legalmente. Es nuestra posición de que tales acciones se pueden regular. Creemos que la frase “Lo que la ley no prohibe lo permite” es válida para los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones privadas. Sin embargo, las personas que han prestado un juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes, y que administran los bienes de todos, deben ser sujetas a un escrutinio más estricto de sus acciones.

Para poder enfrentar el abuso, en primer lugar es necesario definirlo. Se debe diseñar un código de ética para los funcionarios públicos, con los respectivos medios coercitivos para hacerlo respetar. Este código debe de ser lo más explícito posible en describir los actos que son impropios, y de establecer claros limites de conducta para los funcionarios. No ha sido posible implementarlo, ni siquiera prepararlo, hasta la fecha. Creemos que a esta fecha los organismos gubernamentales encargados con esta tarea son capaces de implementarlo, asumiendo que existiese la voluntad política.