¿Respuesta inmediata o solucion permanente?
Jose S. Azcona Bocock
Tenemos una confusión severa sobre la relación entre las instituciones gubernamentales y la política partidaria. Esto es evidente y es un problema que se puede atacar existiendo la voluntad política necesaria. Es muy fácil atribuir a quienes detentan posiciones de autoridad en determinado momento la responsabilidad de este problema. Sin embargo, la verdadera raíz es considerablemente mas profunda, y es la siguiente: ¿Se debe permitir al electorado juzgar a base de una respuesta inmediata a sus problemas, o sobre el potencial de buena y eficiente administración de los recursos públicos?
Creo que la preponderancia que se le da en la actualidad a la respuesta inmediata es sumamente perjudicial para la población, los políticos serios, la buena administración de los recursos públicos, y nuestras instituciones libres y democráticas. Al observar en el campo el juego político, se detecta un alto grado de mercenarizacion de parte de muchas personas y estructuras que resulta sumamente perjudicial. Por lo tanto se debe de regular la “Respuesta Inmediata” como herramienta política de forma legal.
“La gente ya se avivó” es lo que se escucha al momento de hacer política en muchas comunidades. Esto es, muchas personas no votan por quienes consideran aptos para las posiciones, sino quien los beneficia a corto plazo. Esto se considera como algo normal y hasta beneficioso por muchos, mas no es así.
Al cambiar su voto por un auxilio inmediato el elector esta vendiendo su derecho ciudadano a exigir un buen gobierno. De ser un ciudadano libre que elige entre conciudadanos iguales a él se transforma en un cliente en relación directa con el proveedor, el cual no tiene que rendir cuentas de su función publica.
Para el político serio, el problema es complejo: el potencial dilema ético creado por la necesidad de recurrir a financiamientos dudosos o de desviar recursos públicos para sus fines personales, y el desvío de considerables recursos y energías al cumplimiento de funciones que no le competen directamente.
El dilema ético es de todos conocido, aunque curiosamente al mayor parte de las personas no lo consideran tan importante, pero es muy sencillo y aparente. En el Imperio Romano, el patrimonio imperial era dedicado en parte a la construcción de obras publicas. Estas se consideraban como un favor del emperador que era dueño de este patrimonio. Por eso cuando el Cesar Augusto en su Res Gestae afirma que “Roma la encontré de ladrillo y la deje de mármol” esto es literalmente cierto, ya que el origen de estos fondos era su patrimonio personal. En un estado moderno, el sistema es diferente. Los recursos públicos pertenecen a todos los ciudadanos, a través de su agente, el estado. Pretender lo contrario es mentir.
El segundo problema no es aparente, pero se resume así: Al dedicar una gran parte de su tiempo y esfuerzo a movilizar recursos, supervisar obras, o repartir dadivas, la verdadera función de buscar soluciones a los problemas a largo plazo y de mejorar la administración publica quedan relegadas a segundo plano.
La buena administración de los recursos públicos es afectada de diversas formas. En primer lugar, la inversión de recursos públicos en ayudas definidas de forma arbitraria y con un criterio de oportunidad es forzosamente menos eficiente que la misma hecha de forma ordenada y equitativa. Este estado esta dividido en poderes con funciones constitucionales especificas, específicamente se define como se administran los fondos públicos. La ley lo especifica, apoyada por toda la experiencia acumulada del arte de gobierno por siglos.
Por ultimo, nuestra institucionalidad democrática esta en peligro. Al convertir la política el campo de acción en el cual se resuelven cuestiones técnicas que competen a nuestro estado, estamos subvirtiendo la naturaleza de la acción política. A este tiempo se esta volviendo imposible que quien no represente una facción gubernamental o tenga acceso a una cantidad masiva de recursos económicos pueda competir en capacidad de Respuesta Inmediata, alejando a muchos hondureños capaces de la posibilidad de servir a su país.
Esta no es la situación en que debemos estar. Se debe de regular la compra de votos disfrazada, ya sea con recursos privados o públicos. De esta forma, los resultados de nuestras elecciones a todo nivel no serán una transacción comercial si no una decisión consciente acerca del tipo de sociedad que queremos construir.
(2000,LT)