Como incentivar la probidad administrativa
Jose S. Azcona Bocock
Nuestro sistema para verificar el proceso de enriquecimiento de las personas que ostentan funcionar de confianza pública ha sido notoriamente ineficiente, sin importar las reformas que se le haga. Esta deficiencia ha sido producto de la falta de exactitud en las declaraciones de bienes, mecanismos de verificación y seguimiento posterior. Esta no es razón para creer que es imposible mejorar, ya que existen mecanismos que pueden permitir hacer más eficiente esta tarea.
La principal protección que tiene el declarante inescrupuloso es que puede inflar su cantidad de bienes o ingresos en la declaración jurada de bienes ya que esta no es sujeta a una revisión minuciosa y estricta en la realidad. La declaración del impuesto sobre la renta es un documento de gran valor para determinar la renta presuntiva de las personas. Considerando nadie declararía ingresos superiores a los reales, sino mas bien muchas personas buscan en la forma de reducir la cantidad que contribuyen al estado, este mecanismo realmente fiable para determinar los ingresos de las personas al momento de asumir un cargo. Si se piden las declaraciones de algunos años anteriores se puede crear un patrón de ingresos que sea conmensurado con la realidad.
Otro problema es la abrumadora carga de trabajo que tiene el ente responsable. No es necesario que todos los funcionarios aún los que tienen poco poder de decisión u oportunidades de cometer delitos de tipo financiero contra el Estado tengan que hacer esta extensa declaración. El interés público sería mucho mejor servido si se enfoca la investigación en los pocos centenares de funcionarios con verdadero poder de decisión.
Es necesario especificar además otro tipo de acciones y actividades que son incompatibles con los cargos públicos y que representan un soborno indirecto. Es necesario restringir el recibo de favores personales, viajes, invitaciones, regalos tanto para los funcionarios como sus familiares de parte de las empresas o instituciones que tienen algún tipo de liga con el Estado. No es correcto que un funcionario o agente del Estado de Honduras reciba favores personales escudados bajo el concepto de la amistad o del no compromiso de quienes podrían beneficiarse de esta relación. Las empresas privadas no toleran esto en quienes les sirven, tampoco el Estado debiera de hacerlo. Debe estar claro y se debe de hacer una declaración de cualquier beneficio de estos que se reciba.
Si modificamos el enfoque de las declaraciones de bienes hacia los ingresos personales demostrables con la declaración de impuestos sobre la renta, nos limitamos a hacer la evaluación a los funcionarios con mayor poder de decisión, y definimos claramente las limitaciones a las relaciones de los mismos con quienes podrían beneficiarse de la autoridad del funcionario, estaremos avanzando fuertemente en la construcción de un sistema de Probidad Administrativa que en realidad responda a los intereses de la nación.
(2005, LT)