Las dispensas de vehiculos

Jose S. Azcona Bocock

Cualquier exoneración o trato preferencial fiscal tiene efectos negativos múltiples en la situación financiera del Estado. Los efectos de ineficiencia, percepción de abuso de influencias, pérdida económica, desmoralización de los funcionarios y empleados públicos, y pérdida de credibilidad entre la población son difíciles de negar.

Uno de los sistemas de exoneración fiscal más controvertidos es el de las dispensas de vehículos, que son utilizadas por los diputados al Congreso Nacional, y organizaciones que con o sin justificación tienen acceso a las mismas. Proponemos la supresión de este esquema de dispensa por las razones que se detallan a continuación:

Se calcula que cada dispensa legislativa resulta en una falta de captación de ingresos promedio de alrededor de L.350,000 (37% del valor del vehículo, el impuesto de importación más el impuesto sobre ventas). Si calculamos dos dispensas por congresista (como en el período anterior) propietario y suplente nos da una cantidad de 512 en un período de 4 años. Esto representa una pérdida de ingresos tributarios de casa L.180,000.00. Si le sumamos las demás instituciones, empresas, arrendadoras de vehículos, diplomáticos hondureños en el exterior, fundaciones, etc.. que tienen acceso a las mismas y que en muchos casos son vehículos para uso de ciudadanos hondureños, descubrimos que el déficit de recaudación es mucho mayor.

Toda negociación de servidores públicos de sus prebendas con empresas privadas, como ser distribuidoras de vehículos, tienen un efecto de dejar una impresión falsa pero perniciosa ante la opinión pública de algo indebido. Si la razón para esta dispensa legislativa es la insuficiente remuneración, se puede calcular el valor comercial de estas dispensas (muy inferior a lo que deja de percibir el Estado) y sumárselo al salario de los legisladores.

El problema no se limita al Poder Legislativo. Muchas instituciones no deben tener una justificación para introducir vehículos sin pagar impuestos, y las que si la tienen (con excepción de las misiones diplomáticas acreditadas en el país) se les puede hacer un crédito o devolución similar a la que se hace para el impuesto sobre ventas. Este es un ejemplo útil, ya que con el cambio de la tarjeta de exoneración a una aplicación de devolución o crédito se redujo la enorme defraudación fiscal producto del uso inescrupuloso de estas exoneraciones.

Nuestros funcionarios diplomáticos en el exterior, y hondureños que laboran para organismos internacionales no deberían de tener acceso a estos beneficios de forma directa. Si el problema es de remuneración a nuestros diplomáticos, y funcionarios consulares se les debe de revisar los salarios.

Eliminando este sistema de dispensas y abriendo créditos fiscales a quien corresponda reduciríamos la burocracia y los engorrosos trámites relacionados a ella. Sentaríamos un precedente agradable a la opinión pública de que en Honduras todos somos iguales, y con los ajustes salariales respectivos evitaríamos perjudicar económicamente a los beneficiarios. Por tanto, proponemos la eliminación de la importación de vehículos dispersados de parte de cualquier particular o institución hondureña y su sustitución por medidas compensatorias alternas como fuese necesario.

(2005, HC)

2020: Este problema se resolvió. Logré participar en su corrección.