Manejo de la Tasa de Seguridad
Jose S. Azcona Bocock
Los males, con el paso del tiempo, se van volviendo normales y se adormece el criterio sobre los mismos. Uno de estos, que al aproximarse a una década de duración ha ido desapareciendo del debate público, es la permanencia y manejo de la Tasa de Seguridad.
Esta tasa no representaba, en si, una mala idea. Era un mecanismo transitorio para asegurar el equipamiento de los distintos órganos de seguridad. Como los presupuestos normales apenas ajustaban para sueldos y salarios, y el país estaba pasando por una enorme ola de violencia creciente, dispusieron crear una forma de obtener recursos de forma rápida y sencilla para lograr hacer este equipamiento. Esta tasa era transitoria (2 años), plazo durante el cual se hubiese logrado un equipamiento adecuado para los órganos de seguridad publica.
De origen, había varias fallas. Al estar fuera del presupuesto general, se perdieron los controles normales (que aunque imperfectos) protegen el recurso publico y permiten una transparencia y rendición de cuentas mínima. Se creó un mecanismo de control llevado por una junta de delegados nombrados a titulo personal, con control absoluto sobre la administración. Amparado en un criterio falso de secretos para adquisiciones de seguridad publica (inexistente en sociedades desarrolladas), sus operadores tenían la confianza de que nunca tendrían que rendir cuentas.
Durante estos 10 años se fue dando una metástasis. Al desarrollarse una red de intereses (proveedores, contratistas, funcionarios) los objetivos originales quedaron relegados. Progresivamente, y de manera obvia, se fue reduciendo la inversión en nuevo equipamiento. Quienes detentaban el poder fueron asignando cada vez mas de estos recursos de forma discrecional, recibiendo beneficios personales y políticos a cambio de dar carta blanca para las contrataciones. Mas peligroso, se usaron recursos para aumentar capacidades políticas del gobierno de turno (no del estado), en temas de espionaje y control interno.
Los beneficiarios (Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Publico) tenían un interés institucional de no inmiscuirse o exigir rendición de cuentas, ya que esto les garantizaba acceso preferencial a obtener recursos para el equipamiento necesario. Esto es aun en exclusión de la posibilidad de que hubiera beneficios personales a un funcionario por la misma red de contratos ocultos de la administración.
En el decreto 275-2013, se reformó el decreto 105-2011 donde se estableció la Tasa de Seguridad Poblacional. En esta reforma se modificó el Art. 4 para extender su vigencia a 10 años desde la entrada en vigencia del decreto original. Este plazo se cumplió el 24 de junio de 2021. El portal tasadeseguridad.hn no presenta ninguna legislación mas nueva como justificación de su existencia.
Por tanto, han desaparecido las condiciones de origen, no hay una satisfacción de la sociedad que amerite su continuidad, y hay una caducidad legal. Este proyecto se debe cerrar, y hacerse una profunda auditoria pública del mismo.
Los problemas de equipamiento de los operadores de seguridad persisten. Habrá que buscar un mecanismo transparente (la secretividad es en operaciones, no adquisiciones), con aceptación de la sociedad, y que no se preste a abusos, para resolver este problema. Esta es una tarea prioritaria para el nuevo gobierno, y la población debe exigir y velar por su cumplimiento.