Narcotráfico, mafias y justicia
Jose S. Azcona Bocock
El lamentable incidente ocurrido en el Departamento de Colón, donde por incompetencia o venalidad de una autoridad judicial que sacrificó la vida de dos agentes de la seguridad pública y se permitió el escape de un peligroso narcotraficante, es un reflejo de la delicada situación de nuestro sistema legal. Se hace necesario reconsiderar algunas de nuestras acciones e instituciones de lucha contra el crimen organizado.
Es inconcebible que la labor que realizan los cuerpos de seguridad sea desperdiciada por un sistema judicial o penitenciario que no reúna las condiciones necesarias para luchar contre el crimen organizado. Recordemos que este se diferencia de los delitos normales, mas que por la violencia o por el daño físico, por la enorme cantidad de recursos que tiene para contrarrestar la acción de la autoridad. Como resultado se hace necesaria la instauración de medidas especiales para atacarlo por medio de un régimen judicial y penitenciario especial para los casos relacionados con el crimen organizado.
Este régimen se debe centrar en un sistema de juzgados de letras con jurisdicción nacional para delitos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico. Esto implicaría crear un juzgado adicional basado en el Distrito Central, que es la localidad donde menos poder tienen estos grupos y el escrutinio público de los jueces es mayor, minimizando el riesgo que se tomen medidas contrarias a interés público. Todos los casos relacionados con el narcotráfico internacional y conexos serían atendidos por este juzgado. Considerando que existen 24 horas para presentar a los acusados luego de su detención ante un tribunal, se eliminaría la posibilidad de intentos de rescate o fuga en regiones apartadas del país.
Es inaudito que se les apliquen medidas sustitutivas de presión quienes son acusados de este tipo de delitos. En este régimen debe hacer imposible que los acusados puedan recibir arresto domiciliario u otras medidas sustitutivas. Se debe asegurar menos latitud al juez al momento de imponer sentencias legislando directamente las sanciones mínimas para evitar que se subvierta la justicia.
El crimen organizado extiende sus tentáculos en nuestras cárceles al mezclar al delincuente común con el criminal organizado. El resultado final de este proceso es siempre la construcción de una red controlada por estas mafias en nuestras cárceles, perpetuándolas y fortaleciéndolas. Se debe entonces tener un sistema para aislar a estas personas, ya sea en un centro penitenciario de máxima seguridad o separadas del resto de nuestra población encarcelada.
Este proceso requiere de la voluntad política de muchos sectores, y de fuentes adicionales de financiamiento para asegurar efectividad, competencia y probidad en todos los involucrados. Sería posible recurrir al apoyo de Estados Unidos, quien tiene un interés directo y manifiesto en el control de narcotráfico para apoyarnos en esta tarea.
La impunidad del crimen organizado no solo tiene consecuencias adversas en sus resultados inmediatos sino un efecto mayor en corromper, desmoralizar y atemorizar nuestras fuerzas de seguridad. Esto se suma al ambiente de impunidad que se presenta a la opinión publica. Por tanto esta tarea de separar esas funciones del sistema judicial o penitenciario común es urgente para garantizar nuestro estado de derecho y la paz social.
(2004)