¿Quién paga nuestras campañas?
Jose S. Azcona Bocock
Cuando una empresa de automóviles, gaseosas, o comida nos venden su producto en anuncios, nosotros sabemos quien lo paga, y que resultados tangibles espera. El anunciante sabe que para vender su producto este debe ser bueno, pero también debe publicitarlo. El éxito en nuestro sistema político también depende de dos factores principales: simpatía popular y dinero. Ambos factores son influyentes, en diferente escala según las circunstancias, pero su impacto en el proceso y la forma como se manifiesta es fundamentalmente distinto. Es imprescindible en una democracia que la manifestación de ambos factores sea limpia, transparente y ordenada.
En la manifestación de la simpatía popular hemos avanzado mucho. Hemos eliminado la coacción y la represión como instrumentos electorales validos. Se han separado las votaciones de los diferentes cargos de elección popular y se están abriendo los espacios de participación. Sin embargo, el poder del dinero sigue siendo tan subterráneo, arbitrario y peligroso como siempre. No existe ningún mecanismo que permita ordenar, o al menos conocer, quien paga por nuestras campañas políticas. Si no logramos corregir esto, no solo nuestra democracia continuara siendo un sueño, sino que intereses oscuros y desconocidos continuaran manipulando nuestro proceso político.
La objeción a este mecanismo es tan obvia como superficial: ¿Por qué debo rendir cuentas del dinero que alguien me ha dado a un tercero, especialmente si el oferente prefiere que el donativo sea confidencial? En cualquier actividad privada se reporta al estado cada transacción de dinero. En este caso no son los intereses privados los que están en juego. Siendo los intereses de todos los hondureños los que están en juego al entrar un centavo para tratar de convencer a los votantes, se hace necesario y justo que estos ciudadanos conozcan quienes son los que están contribuyendo a convencerlos. Es por tanto imperativo que se legislen y establezcan los mecanismos necesarios para conocer, supervisar y divulgar las fuentes de ingreso de las diferentes candidaturas y partidos.
Como máxima prioridad, es necesario conocer quien proporciona el dinero. Los candidatos y los partidos tienen el deber de informar a sus simpatizantes y a la población en general de quien los apoya económicamente. Mas aun, la ciudadanía debe pedir cuentas a quienes aspiran a dirigirlos de cómo están financiados. Es suficiente que sea publico el nombre y cantidades de aportes para que la prudencia de los candidatos, el escrutinio de los medios de comunicación, y la natural sabiduría de la ciudadanía reduzcan la venta de influencias de forma considerable.
La supervisión de las fuentes de financiamiento es muy importante, aunque no necesariamente debe ser muy restrictiva. Bastaría con prohibir las contribuciones provenientes del gobierno, extranjeras, o de criminales convictos. No seria correcto (ni político) imponer restricciones adicionales mientras se comienza la reforma financiera electoral. No se pretende restringir la participación de ciudadanos o empresas en la política en defensa de sus intereses utilizando sus propios recursos mientras lo hagan ante los ojos de los votantes.
La divulgación de esta información es un punto muy importante. Si esta queda confinada a los archivos de oficinas de gobierno, difícilmente se puede decir que se ha cumplido con la función de informar al pueblo. Es necesario que exista un mecanismo para hacer públicos o accesible los listados de contribuyentes, aun a los opositores, ya que la mejor protección contra las contribuciones irregulares es que el conocimiento de estas sea explotada por los contrincantes de turno.
Pueden existir muchos mecanismos para tratar de burlar este sistema, pero con exigir un sistema contable similar al que rige la empresa privada, con una auditoria de gastos y liquidación de los fondos al finalizar la contienda, se puede lograr tener un sistema político mas abierto. Un sistema en el que el ciudadano no se considere como una marioneta de intereses que están mas allá de su conocimiento y comprensión, sino donde los intereses legítimos y responsables del poder económico coexistan con un electorado informado y capaz. Entonces estaremos un paso mas cerca de ser una Democracia.
(2000, LT)