Hacia un sistema de recaudación eficiente

Jose S. Azcona Bocock

Cada gobierno se presenta el mismo problema: Administraciones de aduanas con poco o ningún compromiso con el Fisco Nacional que permiten la defraudación de millones de lempiras al Estado. Sanciones leves que nunca van más allá del despido o penas simbólicas para quienes incumplen con sus obligaciones y se enriquecen a expensas de este incumplimiento. Promesas del Gobierno de limpiar a adecentar las aduanas haciendo nuevos nombramientos de personal salidos de la misma clase política y con el mismo limitado compromiso hacia la hacienda nacional.   El resultado es siempre el mismo: la falta de compromiso y de temor va ligado a las enormes tentaciones de sus posiciones hace que se vuelva a incurrir en delitos y se defraude masivamente al Estado.

Siempre ha sido un misterio para mí porque no hemos invertido una cantidad sustancial de recursos en crear un servicio aduanero o tributario nacional completamente profesional o apolítico.   El dinero que mejor puede invertir el Gobierno (o cualquier ente) es en recaudación ya que cada lempira invertido en la misma resulta en muchos lempiras de ingresos adicionales.  Hay que utilizar la analogía de la empresa privada, donde los procedimientos más estrictos y el mayor enfoque de la administración es en asegurar en cobrar todo el dinero que se les adeuda.

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En consecuencia no debemos de temer invertir una cantidad sustancial en este cuerpo de servicio. Debemos poder seleccionar los mejores profesionales (ya tenemos capacidad de que sea 100% profesional a nivel superior) basados en su formación académica y currículum profesional. Si se garantiza una estabilidad en la carrera podríamos hacer rotaciones periódicas en puestos administrativos y de campo, con posibilidades de servir en cualquier punto del país (similar a un oficial de las Fuerzas Armadas).  Además de garantizar una experiencia mas amplia, evitamos el crecimiento de la familiaridad con la localidad que resulta en un posible contubernio en contra del interés de la institución.

¿Cómo garantizamos de que este servicio no se vuelva venal como el actual? Debemos de asegurar que la gente tenga un incentivo por salir bien de sus obligaciones. Este sistema debe de garantizar no solo un ingreso amplio a quienes participan en el sino que los beneficios sociales a obtenerse acumulativamente sean muy generosos para asegurar que alguien no tenga el incentivo de desechar una carrera con seguridad social y económica garantizada por un soborno. Como está expuesto anteriormente, el funcionario que actualmente viola la confianza pública a cambio de un soborno tiene poco que perder.

Esto debe de ir ligado a penas más severas por incumplir con el compromiso. El simple despido no es sanción suficiente para quien traiciona un servicio nacional. Aparte de la responsabilidad penal quien haga esto debe de quedar permanentemente vedado de ocupar cualquier posición pública, participar en cualquier empresa contratista del Estado o trabajar en agencias aduaneras registradas. Así garantizamos mas el incentivo para el buen comportamiento.

En la carrera se debe de ir haciendo los asensos de acuerdo al buen desempeño: tiene que haber un incentivo para ascender y hasta puede haber un incentivo económico proporcional con las mejoras que se hagan en la recaudación en cada una de las posiciones ya sea en una aduana o en un área geográfica de impuesto sobre la renta o impuestos de venta.  Esto logrará que las personas más eficientes y más agresivas en servir los intereses del público asciendan y reciban un beneficio económico conmensurado con su habilidad y su lealtad al Fisco Nacional.

Es comprensible que la clase política y un sector desnaturalizado de la empresa privada se opongan a hacer este tipo de reforma. Sin embargo la credibilidad del Estado, de su clase política, y los intereses de las empresas responsables ahogadas por la competencia con quienes no pagan impuestos y se dedican al contrabando hacen que sea injustificable postergar la tarea de darle a Honduras un servicio profesional aduanero y tributario.

(2005, HC)