Una nueva Corte Suprema
Jose S. Azcona Bocock
Sigue el bajo nivel de confianza en la constitución del Poder Judicial. Ningún sistema de elección ha dado los resultados enunciados como objetivo porque el gobierno siempre nombra su propia corte. Todos los sistemas que se han creado para despolitizar (en la realidad o como una ilusión) han sido fallidos, y más bien han resultado en una disminución del perfil profesional y de ascendente propio de las personas que se nombran. La ventana de discutir esto se vuelve a abrir con el año político, brevemente, por lo que es el mejor momento para estudiar el problema y resolverlo.
Porque, como decía Talleyrand refiriéndose al lenguaje, su objetivo era "encubrir el pensamiento". Tratar de dar un semblante apolítico e institucional a un proceso que no lo es, resulta en perdida de los verdaderos filtros de calidad. El más importante que había anteriormente era el alto perfil de los posibles magistrados, y se ha sustituido por algo errático y manipulable. Por tanto, se reduce el abanico de candidaturas (y se aumentan las cortinas de humo) sin un beneficio para la sociedad.
El otro problema es el nombramiento de 15 personas de forma simultánea. Esto no permite ningún tipo de vigilancia o cuidado en el proceso de selección. Al no ser más individualizado, este se vuelve simplemente en un proceso de asignación de cuotas de poder. Las audiencias públicas y otros sistemas se vuelven en una forma de legitimar lo que se decide de otra forma.
El peligro que hay que atacar es que el gobierno de turno tenga una corte bajo su control. Cuando se tiene poder de nombrar, siempre resultara que exista un ascendente. La única forma de prevenir esto es haciendo los nombramientos de forma parcial, y que cada gobierno no tenga posibilidad de nombrar "su corte". Aunque no debemos descartar la influencia del poder, indudablemente esta será menor sobre alguien que no tiene deuda.
Una forma seria de escoger 3 magistrados cada periodo de 4 años (idealmente con una Corte reducida a 9 miembros). Y que estos nombramientos se hagan uno al año por la actual mayoría calificada. De esta forma se garantizaría que el candidato a magistrado individualmente llegara a esa votación, que demandaría el nombramiento de alguien de alto perfil y capacidad probada. No son necesarios más tamices arbitrarios, ya que bastaría con certificar cierta experiencia y nivel académico.
Esta renovación haría imposible tener una Corte Suprema oficial. Si bien existirían las componendas, sus alcances serian más limitados, y estarían sujetas a más escrutinio público. Al unirlo con un sistema que evitase destituciones sin 2/3 de los votos de la corte, se evitaría la misma fuese purgada de forma espuria por cada gobierno.
El problema de la centralización de poderes en la Presidencia quedaría sin resolver. Una solución puede ser pasar a un proceso de escalafón o selección legislativa para los tribunales de segundo nivel. Esto también seria en plazos escalonados (rotar dos miembros de cada corte de apelaciones cada 4 años, por ejemplo) Hay un conflicto de interés, y una verticalidad extraña, en que los jueces deban sus posiciones a otros más altos, que revisan su trabajo. Esto limita de forma severa la posibilidad de independencia en su criterio. La garantía real de los periodos de nombramiento, y que no dependa su continuidad de la superioridad actual, puede resultar en mejor desempeño.
Otra seria dar al pleno muchos poderes que se han concentrado en la Presidencia. Con un origen plural, seria más difícil mantener el nivel de deferencia acostumbrado. Este sería un beneficio adicional de pasar a un sistema de rotación individual en los nombramientos.