El calendario electoral

Si hay algo en lo que concurrimos la mayoría de los hondureños es en que nuestras campañas electorales son demasiado largas. El proceso de la búsqueda de votos se ha vuelto excesivamente largo. Esto implica -en muchos casos- un desgaste excesivo en los candidatos, la trivializacion de la campaña, y la limitación de la oportunidad de participación para aquellos que no pueden o no consideran correcto vivir de la política. Aunque la solución mas discutida ha sido restringir las fechas de inicio del proselitismo, además se puede combatir este problema concentrando el proceso para reducir los gastos y el desgaste electoral prematuro.

Una reforma muy fácil de implementar (y que causaría poca controversia) es la de realizar las elecciones internas de los partidos seis meses antes de la elección general (ultimo fin de semana de mayo), en lugar de un año, como es la norma en la actualidad. La inscripción de planillas se podría llevar a cabo 120 días antes de la elección interna (ultima semana de enero). El ciclo actual, desde la inscripción de planillas hasta las elecciones generales tiene una duración de 18 meses. Con esta reforma se reduciría a 10 meses, con el efecto de hacer más liviana la carga a los políticos y a la ciudadanía sin afectar la representatividad del proceso electoral.

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Elecciones legislativas por distritos

Hemos visto una gradual mejoría en la representatividad de nuestro sistema político. Si nos remontamos al primer ciclo de elecciones libres después de los gobiernos de facto (1981), vemos que los candidatos a los cargos de elección popular eran escogidos de “dedo” en convenciones de partido. Además de esto, los representantes al congreso y las autoridades municipales eran impuestas y se votaba por ellas en la misma planilla que el candidato presidencial. En cada elección subsiguiente se ha ido democratizando el sistema, hasta llegar a la ultima elección (1997), cuando se separo el voto en dos partes para elecciones internas (presidente y alcaldes), y en tres para elecciones generales (presidente, diputados y alcaldes). El objetivo que debemos perseguir ahora es como volver la elección más democrática todavía, para garantizar que los que ocupan posiciones electorales en realidad representen los intereses del electorado.

Una reforma que contribuiría mucho a mejorar la representatividad es la de crear distritos electorales, en lugar de las planillas departamentales que se usan en la actualidad. Se dividiría cada departamento en una cantidad de distritos proporcional a su población, y cada uno de ellos elidiría un diputado propietario y suplente al congreso nacional. El que saque la mayor cantidad de votos en ese distrito se convierte en representante de esa región.

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¿Quién paga nuestras campañas?

Cuando una empresa de automóviles, gaseosas, o comida nos venden su producto en anuncios, nosotros sabemos quien lo paga, y que resultados tangibles espera. El anunciante sabe que para vender su producto este debe ser bueno, pero también debe publicitarlo. El éxito en nuestro sistema político también depende de dos factores principales: simpatía popular y dinero. Ambos factores son influyentes, en diferente escala según las circunstancias, pero su impacto en el proceso y la forma como se manifiesta es fundamentalmente distinto. Es imprescindible en una democracia que la manifestación de ambos factores sea limpia, transparente y ordenada.

En la manifestación de la simpatía popular hemos avanzado mucho. Hemos eliminado la coacción y la represión como instrumentos electorales validos. Se han separado las votaciones de los diferentes cargos de elección popular y se están abriendo los espacios de participación. Sin embargo, el poder del dinero sigue siendo tan subterráneo, arbitrario y peligroso como siempre. No existe ningún mecanismo que permita ordenar, o al menos conocer, quien paga por nuestras campañas políticas. Si no logramos corregir esto, no solo nuestra democracia continuara siendo un sueño, sino que intereses oscuros y desconocidos continuaran manipulando nuestro proceso político.

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¿Los ciudadanos y el poder?

Hemos visto durante esta década el surgimiento del concepto de “Sociedad Civil”, junto con otros relacionados como el concepto de convergencia entre sectores y el crecimiento en numero, poder, e identidad de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Estas tendencias tienen como objetivo la descentralización y la devolución de poder a los ciudadanos, reduciendo el protagonismo del gobierno en muchos campos de la vida nacional. Estos objetivos son loables, y deben ser apoyados decisivamente por el gobierno y la misma sociedad.

Haciendo un análisis de este proceso vemos que gran parte del proceso ha consistido en que el gobierno central mantenga todas sus funciones mientras delega en organismos menos representativos y bajo menos escrutinio legal y publico alguna parte del proceso de toma de decisiones y manejo de recursos. Se pretende ahora, en algunas propuestas políticas, institucionalizar este fait accompli creando estructuras de representación corporativista y otorgándoles funciones constitucionales. Estas propuestas, a pesar de las buenas intenciones de quienes las propugnan, pueden conducir a una mayor burocratizacion del estado, una reducción en la representatividad popular, un manejo más irresponsable de nuestros recursos, y un peligro latente para nuestra democracia.

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